Por: Óscar Rodrigo Campo Hurtado
A propósito de la controversia en torno a la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, por un hecho de hace más de 20 años que envuelve a su hermano en el delito de narcotráfico y donde se pagó una garantía en el estado de la Florida (EEUU), también por hechos similares, la situación del ex Vicepresidente, Oscar Naranjo, gran luchador contra las mafias y reconocido policía por sus calidades, quien comunicó oportunamente al país las circunstancias que inculpaban a su hermano por tráfico de drogas en Alemania, y así, por lazos de sangre, podríamos hacer una lista de reconocidos dirigentes, muy seguramente probos, que han tenido algún familiar cercano metido en escándalos de narcotráfico, donde cada vez que sucede la noticia, el agite mediático se repite y con la misma conclusión: No hay delito de sangre; clarísimo por demás y nada pasa, el mundo sigue y los gigantescos problemas que tiene nuestra sociedad siguen tallando la vida de cada uno de los colombianos.
Pero valdría la pena apartarnos de los altos dirigentes y sus criminales parientes y poner la misma escena en las miles de familias campesinas que viven de la producción de la hoja de coca, fustigadas siempre por un Estado que por un lado se obliga a cumplir sus tratados internacionales de lucha contra las drogas, y por otro, afronta la desgracia de su pobreza e inequidad en el sector rural. El tema es complejo, hemos visto caer a lo largo de la historia reciente a valientes hombres, que terminaron inmolados a manos de los cárteles de este negocio, precisamente por golpear sus estructuras y desnudar sus integrantes, pero también hemos visto cómo el narcotráfico ha permeado casi todos los sectores del establecimiento, siendo esta, la mayor razón que dificulta la eficacia en una lucha que ha dejado muertos y desgracias en miles de familias colombianas.
Tristemente el flagelo mundial de las drogas azota con más fuerza en países como el nuestro, donde la inmensa mayoría de los colombianos queremos la paz, queremos trabajar dignamente y dejarle un país diferente a nuestros hijos, pero los ingentes esfuerzos de cambio como el proceso reciente con las Farc, terminan frustrados por la falta de escrúpulos de muchos funcionarios y personas responsables de garantizar la ley y la constitución en la lucha contra las drogas, sucumbiendo a participar directa o indirectamente en el negocio ilícito y no afrontándolos con decisión como lo ordena el marco jurídico, y para mostrar resultados, como dirían las abuelas, cogen al más pendejo, en este caso a los más débiles, al campesino, pequeño cultivador de coca quien lo hace para subsistir, o al consumidor que requiere de su dosis mínima para atender su adicción, que sin duda son unas victimas más y no parte de las estructuras criminales, siendo de paso menos culpables sus familiares o descendencia, porque tampoco aplicaría el delito de sangre.
Definitivamente, ni la señora Marta Lucía es culpable de tener un hermano rufián, ni los campesinos cultivadores, ni tampoco los consumidores, pudiesen llamarse criminales. En el Cauca en los dos últimos años han crecido los cultivos ilegales y han aumentado su presencia las famosas disidencias o nuevos grupos al servicio del narcotráfico, ojalá y de la misma manera que se defiende desde el Gobierno a la Vicepresidenta, se defienda también a nuestros campesinos, atacando y acabando con total decisión a estos grupos armados, posibilitando un desarrollo rural alternativo, con sustitución y erradicación voluntaria. Qué bueno fuera que no quedaran sentenciados a la estigmatización, la pobreza y la fumigación con glifosato, sin posibilidad de pagar fianza o garantía alguna.