Seguimos lamentando los asesinatos de dirigentes y líderes sociales, que desarrollaban su actividad al lado de sus comunidades, y las continuas amenazas de muerte a quienes acompañan los procesos organizativos, en medio de condiciones de inseguridad y falta de garantías para su vida, integridad personal y el normal desarrollo de actividades de las organizaciones que representan.
Rechazamos las amenazas y torturas a que fué sometida la lideresa indígena Sofía Mariño, quien el pasado domingo se encontraba en su chagra en la comunidad de Curare, en La Pedrera, Amazonas, cuando llegaron dos hombres armados y la sometieron a golpes e intentaron ahorcarla, dejándola herida y desmayada. Fueron también amenazados sus hijos y su esposo que no se encontraba en el lugar. Se trata de Darío Silva, reconocido líder, representante legal y coordinador del aérea de territorio de la Asociación Indígena de Pedrera Amazonas, quien actualmente acompaña la construcción y concertación del Decreto sobre Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario. Esta organización indígena está cobijada por Medidas Cautelares mediante fallo proferido por una juez especializada en restitución de tierras, quien blindó dicho territorio para el desarrollo de la vida y la protección del medio ambiente, por cuanto estaba siendo vulnerado por actividades mineras.
Repudiamos y lamentamos el asesinato del concejal del municipio de Buenos Aires, Cauca, por el Partido Alianza Verde, Gabriel Adolfo Correa Chavestan, por sujetos armados que le dispararon en varias ocasiones, en la vía que conduce al corregimiento el municipio de Buenos Aires, Cauca. El y su familia había recibido amenazas de muerte.
Condenamos los hechos que condujeron a la masacre de siete personas con armas de fuego, cuyos cuerpos sin vida fueron arrojados desde una camioneta en la carretera destapada que conduce a la vereda Desiderio Zapata, en Argelia, (Cauca). Este crimen se suma a otras 14 personas asesinadas en lo corrido del 2018. Se presume como responsables a los actores ilegales vinculados a los cultivos ilícitos y la confrontación de grupos criminales por el control del narcotráfico en esta región, corredor de acceso al océano pacífico. Esta situación tiende a agravar la situación de las comunidades indígenas y negras que se resisten a ser desplazados de sus territorios.
Exigimos de la Fiscalía una respuesta que arroje resultados sobre los responsables de estos criminales hechos y que asegure una pronta y cumplida justicia. De los organismos gubernamentales reclamamos la puesta en marcha real y efectiva de los mecanismos de protección a los líderes que arriesgan su vida día a día en sus territorios.