Por: Sebastián Silva-Iragorri
La dura pelea contra el narcotráfico ha sufrido toda clase de tropiezos. Cuando parecía que por fin se iban a erradicar las siembras totales de coca, pues su reducción ya estaba en 47.000 hectáreas, se volvieron a aumentar, por una política permisiva con motivo del proceso con las Farc, hasta alcanzar niveles superiores a las 200.000 hectáreas. Esto ha servido no solo para obtener las más jugosas ganancias ilícitas sino además para pregonar que la guerra está perdida y seguir alimentando el tema de la legalización, cuyo negocio también sería fabuloso para ciertas empresas internacionales, al comercializar lo que llamarían sus beneficios derivados.
Hay en el País una serie de resistencias frente a la lucha contra los cultivos de uso ilícito. No solo por quienes se lucran de este negocio, sino por quienes reciben auxilios y apoyos monetarios para actividades políticas y asuntos oscuros de diversas clases. Incluso, hay políticos a quienes se les oye decir que es necesario mantener el negocio pues es una contribución al crecimiento económico nacional, regional y local.
El actual gobierno nacional ha diseñado una política de acciones simultáneas para combatir este flagelo, desde buscar la reducción radical de los cultivos hasta la promulgación de medidas para evitar el tráfico y el microtráfico de las sustancias sicoactivas. Su lucha ha empezado a dar frutos pues se ha frenado el número de hectáreas cultivadas y se registra ya una reducción. Pero el combate es muy difícil. Hay toda una agenda opositora para que esta batalla no avance, se estanque y no se gane. La erradicación voluntaria ha sido objeto de burlas en muchas comunidades con señalamientos falsos de zonas productoras y con cifras no reales solo para conseguir beneficios del Estado. Con la erradicación forzosa se corre con el grave peligro de las minas que ya han causado estragos entre los miembros de la fuerza pública, encargada exclusivamente del desminado, pues los hombres de las antiguas Farc no participan por concesiones del acuerdo de paz. Además, se instiga a las comunidades para hostigar a los soldados que realizan esa labor de desminado. En cuanto a la aspersión aérea sí que le han surgido enemigos, hay salubristas y ambientalistas que le endilgan todos los males, pero solo cuando la fumigación se hace sobre zonas sembradas de coca y callan cuando el glifosato se utiliza en siembras de la agricultura tradicional. La Corte Constitucional entra en el juego y ha colmado de requisitos esta aspersión convirtiéndola casi en un delito cuando el delito es la siembra de esos cultivos. En estos días aparece un nuevo obstáculo y es el referente a las asesorías por acuerdos de cooperación internacional que ha celebrado el Estado colombiano. El Tribunal de Cundinamarca, conocido por su sesgo izquierdista, confunde el «estar» con el «pasar» y exige que la presencia de asesores militares de Estados Unidos debe someterse a aprobación del Senado, frenando las asesorías que estaban por iniciarse. El gobierno nacional avisó que va a impugnar el fallo ante el Consejo de Estado. No me hago muchas ilusiones pues la orquestación de organismos para sabotear esta lucha contra el narcotráfico es muy amplia. Es insólito este proceder y además casi delictuoso pues es someter a un País a seguir siendo el primer productor de cocaína del mundo y además a envenenar a su juventud destruyendo hogares y familias, desmoralizando la lucha por los valores y aumentando la corrupción al enaltecer y premiar a quienes se han dedicado a este perverso y millonario negocio, que como una maldición le ha hecho gravísimo daño al mundo entero.