Por: Álvaro Casas
La Medida de Aseguramiento impuesta al señor Alcalde de Popayán, pone en evidencia, una vez más, que el Concejo Municipal y los señores Personero y Contralor de Popayán, han sido inferiores al deber legal de ejercer un adecuado control político, disciplinario y fiscal, respectivamente.
Como lo explicamos en anterior publicación, los Organismos de Control fueron creados por la Constitución Política, para vigilar la actuación de las demás ramas del poder público y para garantizar la legalidad de sus actuaciones, además del control político, otorgado a las Corporaciones Públicas de Elección Popular, frente a la conveniencia y oportunidad de la actividad administrativa del Estado.
Eso es precisamente lo que no se ha ejercido de manera adecuada en el Municipio de Popayán, o se ha hecho de manera pálida y liviana, desde el 01 de enero de 2016:
1. EL CONCEJO DE POPAYÁN es el responsable del CONTROL POLÍTICO y no lo ha hecho con la firmeza y objetividad que demanda la actual Administración, a la que se han otorgado mayores facultades para contratar, a pesar de los presuntos actos de corrupción en esa materia, en casi todas los sectores del Gobierno Municipal.
Salvo los Concejales Argeny Gómez, Pablo Parra, Manuel Martínez, Diego Alegría, José Dulis Urrea y Luis Eduardo Bravo, las sesiones de control político han sido pocas y muy tibias, porque no han logrado eficacia frente al objetivo de enmendar los múltiples errores del Gobierno Local.
El CONCEJO DE POPAYÁN debe recuperar la independencia frente al GOBIERNO MUNICIPAL y ejercer el control político con autonomía y responsabilidad.
2. LA PERSONERÍA MUNICIPAL, a cargo de un Joven Profesional del Derecho, cuya Familia conocemos, admiramos y respetamos, ha sido inferior al compromiso como Agente del Ministerio Público y no fue receptivo a nuestra solicitud de apoyo al Control Social, porque atendió con descortesía y agresividad nuestra visita.
El problema no es la descortesía, sino la falta de acción del señor Personero, de quien no se conoce la primera investigación disciplinaria o acción preventiva, en contra de los señores Secretarios del Despacho, a pesar de las múltiples denuncias por irregularidades en todas las dependencias de la Administración Municipal.
Recordamos al señor Personero que, como Agente del Ministerio Público, debe obrar en forma independiente, para que exista un verdadero CONTROL DISCIPLINARIO, que vigile la legalidad de los actos de la Administración.
3. LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, poco esperamos, porque su titular era el Jefe de Debate en la campaña electoral del señor Alcalde y por eso tomó decisiones como no incluír al Municipio en el Plan General de Auditoría – PGA 2018, aunque existen varias investigaciones, que cursan por la gestión del año 2017.
Así mismo, hemos cuestionado al señor Contralor, porque se abstuvo de vincular al señor Alcalde en procesos de responsabilidad fiscal, a pesar de los evidentes casos de detrimento patrimonial, los cuales hemos denunciado y probado, tanto en el Municipio, como en sus Entidades Descentralizadas, por contratos innecesarios o mal ejecutados y por indemnizaciones pagadas por causa de despidos injustificados, en el Acueducto y EMTEL.
Exigimos a la CONTRALORÍA MUNICIPAL una labor de auditoría desprovista de la pasión que nace de la afinidad política, para que se haga un CONTROL FISCAL técnico, que garantice el buen uso de los bienes y recursos públicos y de los recursos naturales.
Por todas estas estas falencias, nos forzaron a ejercer el Control Social, con fundamentos, objetividad y respeto, pero sin presupuesto, sin contratos, ni recursos públicos, solo con nuestro conocimiento y la voluntad de prestar un servicio a la Comunidad.