La Fiscalía informó que, ante un juez de control de garantías formuló cargos, por supuestas irregularidades en la suscripción de un contrato para la construcción de unidades sanitarias en un resguardo indígena ubicado en el municipio de Totoró, al oriente del Cauca.
El ente acusador formuló cargos por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, en contra del contratista Alexander Mazabuel Quilindo y el supervisor del contrato Juan Pablo Ordóñez Dulvey.
De acuerdo con la investigación, el 27 de abril de 2010, se suscribió el contrato No. C4-006, entre el municipio en mención y Alexander Mazabuel Quilindo, con el objeto de construir unidades sanitarias en la vereda Buenavista, Resguardo Indígena de Paniquitá, por valor de 10 millones de pesos y con un plazo de 30 días, para beneficiar a 20 familias de la localidad.
Según la Fiscalía, el objeto del contrato no se habría cumplido a cabalidad, al parecer, porque el contratista no habría entregado dos hojas de zinc, un sanitario y tubería para que cada beneficiario, por su cuenta, realizara la instalación de las baterías sanitarias.
No obstante, tanto el alcalde de ese entonces, Hermeregildo Benachí Bello, y el supervisor del contrato, Ordóñez Dulvey, habrían certificado los informes y actas de liquidación aduciendo que dicho contrato se había cumplido a cabalidad.
Los imputados no fueron objeto de medida de aseguramiento; sin embargo, continúan vinculados al proceso.
Por los mismos hechos, la Fiscalía formuló cargos en contra del exalcalde de Totoró, Hermeregildo Benachí Bello, el 26 de noviembre de 2018.