Tras la intervención de organismos defensores de derechos humanos, se lograron los primeros acuerdos en la vereda Julumito, al occidente de Popayán, donde comunidades campesinas e indígenas se enfrentaron por un predio que está en manos de la Parroquia.
En la reciente reunión que contó con la participación de la Alcaldía, la Defensoría y la Personería, las partes acordaron, inicialmente, que los campesinos se retiren de la vía y los indígenas del puesto de salud.
Según la secretaria de Gobierno de Popayán, Alba Lucía Otero, este lunes 15 de enero a las 3 de la tarde las partes se reunirán nuevamente para tratar los temas pendientes, y encontrar soluciones definitivas al conflicto.
“Los acercamientos nos han permitido la instalación de una mesa de trabajo entre las comunidades campesinas e indígenas, que propende lograr soluciones definitivas y concertadas a través del diálogo. Creo que este es un gran avance y nos permitirá evitar acciones de hecho”, sostuvo.
En el encuentro se estableció que el denominado puesto de salud será desalojado por los miembros cabildantes y no cabildantes, hasta un nuevo espacio de concertación entre los líderes.
Las comunidades acordaron que en el sitio debería construirse un Centro de Salud que atienda a las dos comunidades bajo la administración local o departamental, situación que será evaluada en la mesa.
Asimismo, las partes determinaron que el martes 16 de enero a las 10 de la mañana los indígenas en compañía de sus invitados realizarán el acto de posesión de las autoridades tradicionales, donde participarán como garantes la autoridad civil y policial.
«Al finalizar la actividad los invitados tomarán rumbo hacia su lugar de procedencia y entregarán el respectivo espacio (salón comunal) a la Junta de Acción Comunal», indicó la Alcaldía.
La comunidad campesina se comprometió a despejar la vía principal que conduce a la zona urbana del Municipio.
El presidente de la Junta de Acción Comunal de Julumito, Nepomuceno Rivera, expresó que en las reuniones esperan resolver definitivamente el conflicto para evitar nuevos enfrentamientos.
Los choques iniciaron cuando las comunidades campesinas se opusieron al acto de posesión del Cabildo, situación que derivó alteraciones del orden público.
La disputa es por un predio en litigio y que los indígenas reclaman como ancestral, pero que actualmente y por fallo judicial está en manos de la Parroquia de la localidad.
La justicia colombiana está por resolver un recurso de apelación interpuesto por las comunidades indígenas.