Este martes el presidente Iván Duque, viajó a la ciudad de Leticia, Amazonas, para sancionar la Ley de Delitos Ambientales que fue aprobada en último debate el pasado 17 de junio. El proyecto fue presentado por el representante a la cámara, Juan Carlos Losada, y obtuvo 60 votos a favor y 11 en contra.
Con la aprobación y sanción de este documento se espera que se endurezcan las penas contra la afectación al medio ambiente y con ella se crearon seis nuevos delitos:
-El delito de Tráfico de fauna tendrá una multa de 5 a 11 años de prisión y una multa de 300 hasta 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
-El delito de la Deforestación tendrá de 5 a 12 años de cárcel y una multa desde 134 hasta 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
– El delito de Promoción y financiación de la deforestación tendrá de 8 a 15 años de prisión y una multa de trescientos 300 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
– El delito de Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica tendrá de 8 a 15 años de prisión y una multa de trescientos 300 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
– El delito de la Apropiación ilegal de los baldíos de la nación tendrá de 6 a 12 años de cárcel y una multa de ciento cuarenta 140 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
– El delito de la Financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación tendrá de 8 a 15 años y una multa de 300 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Durante el evento el presidente Iván Duque aseguró que la sanción se da “en un momento de la historia en que las acciones no pueden ser tímidas, tienen que ser decisivas”.
Sobre la nueva ley se pronunciaron Gonzalo Andrade, del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN, los representantes a la cámara Edward Rodríguez y Juan Carlos Losada y Larry Sacks, director de USAID.
Todos celebraron la sanción y coincidieron en que se trataba de un paso importante para la realidad de un país rico en biodiversidad que necesita protección como Colombia. Pero, por otro lado, la decisión se da en medio de algunos cuestionamientos sobre el punitivismo ambiental y, específicamente, sobre el delito de deforestación.
Por ejemplo, en abril de este año, campesinos de Cartagena del Chairá, en Caquetá, se movilizaron hasta Florencia pidiendo que la lucha de la deforestación no se militarizara y que no se viera al campesino como el victimario de este problema. Los manifestantes piden que ese enfoque militar, como Artemisa, y la cárcel por deforestar, no los estigmatice.
Todo esto, debido a que algunos campesinos han sido privados de su libertad bajo supuestas irregularidades. Así lo ha denunciado, Francisco Gomez, abogado de campesinos de Puerto Rico (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá) que han sido judicializados por “invasión de área ecológica protegida”. Sus clientes están entre el PNN Tinigua, Macarena y Picachos, tres de los parques más deforestados del país. Representa a 12 personas en Pto Rico y a 15 en San Vicente.
“A la Fiscalía le pasan un reporte de personas que invaden áreas de especial cuidado, pero no le dicen cuántos años llevan allá. Así se judicializan campesinos. La Fiscalía acusa a mis clientes de incendio forestal e invasión a área de importancia ecológica, pero no los cogieron in fraganti. Les imputan el delito bajo la lógica de decir que hay una invasión, pero ellos llevan ahí viviendo muchos años”, explica.
“Una de las capturadas es una señora que lleva muchos años en La Macarena, tiene 75 años y le cogieron 53 vacas que no eran de ella, sino de hermanos, compadres, primos, y así. Por ejemplo, ¿Qué culpa tiene el señor Nelson Vargas que haya nacido en una finca hace 46 años y al morir su señora madre le dejó el pedazo por herencia? La pregunta es quién llegó primero, la ley de Parques o el colono”, cuestiona.
Por otro lado, Henry Gutiérrez, abogado llanero de personas judicializadas por invasión de áreas de importancia, insiste en que los campesinos viven de la tierra y el estado debería invertir en proyectos de conservación con ellos, especialmente para los que viven en Parques.
Gutiérrez considera que estas medidas punitivas contra los delitos ambientales no son las adecuadas. “Que el estado arme un grupo persecutor para actuar frente a un campesino como actuaría frente a un delincuente no está bien. Hay diferencias en el uso de la fuerza y las capturas de estas personas (con helicópteros, Gaula, militares y todo un despliegue) ha demostrado que el estado no entiende esa diferencia”, asegura.
A propósito de estas medidas explica que está demostrado que incrementar penas en un estado social desmejora la delincuencia. “Por el contrario, el delincuente fortalece su capacidad criminal. Esto no es justicia. Hay otra cosa y es que hay una complejidad en capturar personas y eventualmente llevarlas a cárceles lejos de sus tierras, en Puerto Carreño o Vichada, por ejemplo, dejando a sus familias sin su núcleo de sustento”, afirma.
El Gobierno Nacional asegura que este paso hace parte de la meta de cero deforestación para 2030 que se ha trazado y, aunque a partir de hoy la Ley de Delitos Ambientales hará parte del código penal, aún quedan algunos reclamos pendientes sobre el uso de estas medidas ambientales.
(vía elespectador.com)