El representante a la Cámara, Rodrigo Rojas, radicó un proyecto de ley que busca restringir el ingreso de celulares a las instituciones educativas del País y el uso de esos dispositivos en las aulas de clase por parte de alumnos y profesores de preescolar, básica y media.
La iniciativa contempla prohibir el ingreso de estos dispositivos móviles hasta el grado noveno, ya que podrían causar daños en la salud mental e impedirían a largo plazo un buen proceso de aprendizaje.
“(…) Sabemos el alcance de un smartphone y tenemos claro que es una herramienta que bien utilizada multiplica las capacidades de los seres humanos, pero está demostrado que dentro del aula de clase son un gran factor distractor que afecta la concentración de los estudiantes y, por ende, su rendimiento. No estamos en contra de la tecnología, pero creemos que la inmersión de los estudiantes en su utilización, debe ser guiada y controlada”, aseguró Rojas.
El congresista del Partido Liberal dijo que se ha demostrado que el uso de dispositivos móviles puede desencadenar problemas en el desarrollo de habilidades sociales, repercusiones negativas en la salud mental y física de los menores, produciendo dependencia, trastornos de sueño, agresividad, depresión, ansiedad y trastornos de conducta interpersonal.
El proyecto se realizó a partir de las cifras presentadas por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que revelan que al menos el 52 % de los jóvenes entre los 12 y los 17 años sienten algún grado de ansiedad si no saben lo que ocurre en internet o si se encuentran desconectados.
Las cifras entregadas por el Ministerio también indican que, aunque el 66 % de los colombianos no creen que sus hijos o menores a cargo estén seguros en internet, el 64 % de los encuestados aseguró no acompañar a sus hijos mientras navegan en la web.
“Estos datos también revelan que, en el país, el 10 % de los jóvenes entre los 12 y los 17 años dice tener por lo menos un amigo o familiar que práctica sexting y el 33 % de estos también afirmaron haber proporcionado sus datos personales o familiares por internet”, agregó.
Aseguró que, ante la ausencia de controles por parte de las plataformas, el Congreso tiene la responsabilidad de proteger a los menores del país y motivar a los padres de familia para que acompañen prácticas que permitan un mejor desempeño escolar.