El Consejo Superior de la Judicatura ordenó el traslado a una guarnición militar de tres exmilitares que purgan condenas en la cárcel San Isidro de Popayán, cuyas vidas han sido expuestas por cuenta de supuestas amenazas y agresiones que han sufrido por parte de exmilicianos de las Farc, Eln y miembros de Bacrim.
Se trata del teniente Carlos Alberto Melo, del soldado profesional Fredy Vásquez y del soldado bachiller Alberto Madrid, quienes manifestaron que han recibido de exmiembros de estos grupos delincuenciales amenazas, discriminación y malos tratos que han llegado, incluso, a heridas cortopunzantes en la cara.
Según las denuncias realizadas, en el patio uno se encuentran “los guerrilleros Jerson Meza Pullo, comandante de una compañía del grupo Jacobo Arenas y el guerrillero Yiduar Paredes Mondragón, comandante de finanzas del octavo frente y dos guerrilleros que fueron capturados por la Policía Nacional cuando estaban haciendo “plan pistola” contra miembros de la Fuerza Pública».
La Judicatura encontró que la Jefatura de Desarrollo Humano y Dirección de Centros de Servicios de Reclusión Militar del Ejército Nacional vulneró los derechos fundamentales a la vida, integridad física e igualdad de estos internos.
Asimismo, señaló que «la Corte Constitucional ha tutelado derechos fundamentales de miembros de la Fuerza Pública que se encuentran recluidos en cárceles ordinarias y requieren ser trasladados a centros especiales de reclusión para proteger su vida».
El fallo indica que en ese sentido deben cumplir la detención en centros de reclusión establecidos para ello y a falta de estos, en las instalaciones de la unidad a que pertenezcan, “y en caso de condena, deben pasar a la respectiva penitenciaria en donde serán recluidos en pabellones especiales».
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