El Juzgado Primero Penal de Menores con Funciones de Conocimiento en Popayán, falló a favor una tutela presentada por la Personería Municipal que busca amparar los derechos fundamentales a la vida, la dignidad, la integridad personal, a la salud y a la igualdad de las personas detenidas en la Estación Sur de Popayán y el Centro Transitorio Laura Valencia.
El fallo ordena al Municipio de Popayán que en coordinación con el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad, EPAMSCAS Popayán, a través de sus representantes legales, que cada uno en el marco de sus competencias, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del fallo, procedan a trasladar al EPAMSCAS Popayán, a los agenciados que actualmente se encuentran en el centro transitorio Laura Valencia, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad legalmente establecidos, y les garanticen durante el tiempo que permanezcan en el centro transitorio sus derechos fundamentales, proporcionándoles condiciones mínimas se subsistencia digna y humana y los implementos necesarios para evitar un contagio por Covid-19.
Igualmente, ordenó a la USPEC, al INPEC y al municipio de Popayán, a través de sus representantes legales, que de manera coordinada, cada uno dentro de sus competencias, dentro del término de cuatro meses, busquen y acondicionen de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial, un inmueble que cumpla con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana, para la reclusión transitoria de los internos que, a pesar de habérseles resuelto su situación jurídica con medida de aseguramiento de detención intramural o estar cumpliendo una condena, pasadas 36 horas luego de su ingreso a los establecimientos de detención transitoria, no puedan ser trasladados de inmediato al EPAMSCAS Popayán.
La sentencia también ordena a la Policía Metropolitana de Popayán, a través de su representante legal, que en el término de un mes, repare los daños que en las manifestaciones le fueron ocasionados a la Estación Sur Popayán, y que una vez adecuado el nuevo centro transitorio, no siga albergando en sus instalaciones privados de la libertad cuya situación jurídica les haya sido resuelta.
Sobre este fallo el Personero Municipal, Jaime Andrés López Tobar asegura que “de acuerdo con los reportes de las visitas de verificación a la carceleta de la Estación Sur, pudimos constatar que las personas privadas de la libertad se encuentran hacinadas, las celdas son muy reducidas para el número de personas recluidas, por lo tanto, duermen en el suelo y no cuentan con suficientes baterías sanitarias. Además, debido a los constantes enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública con ocasión al Paro Nacional, hay daños en su infraestructura que ponen en riesgo a los detenidos y a los policías que los custodian”.
El principal defensor de los derechos humanos en el Municipio, agrega que “los Centros de Detención Transitoria deben garantizar condiciones básicas necesarias para la vida digna de las personas privadas de la libertad y por supuesto, atender las recomendaciones de salubridad e higiene a fin de evitar el contagio y la propagación de Covid-19 para de esta forma, proteger la salud y vida de esta población de especial protección”.