El Juzgado Segundo Administrativo de Popayán negó las 73.611 demandas de víctimas de captadoras ilegales, que buscaban que el Estado los indemnizara con una cifra superior a los 20 billones de pesos por los recursos que perdieron en las pirámides.
El fallo estableció que fueron los demandantes quienes en ejercicio del libre derecho de disposición de su dinero, atraídos por un negocio que les prometía ganancias altísimas, asumieron el riesgo o el daño que sufrieron sin que pueda atribuirse culpa alguna al Estado.
La Agencia para la Defensa Jurídica del Estado y la Superintendencia Financiera lograron un trascendental fallo que exime al Estado de responsabilidad en los fraudes cometidos por captadoras ilegales de dinero.
Las víctimas en estos procesos habían invertido su dinero en pirámides como DMG, DRFE, Invertir Bonilla, entre otras captadoras ilegales.
El director de la Agencia, Luis Guillermo Vélez, dijo que la Nación ya había ganado 270 demandas que se habían interpuesto por esta misma condición.
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