La Empresa de Telecomunicaciones de Popayán, Emtel, está salpicada en una investigación que adelanta la Contraloría General de la República en la contratación de la nueva sede del Ministerio de Vivienda.
Varios informes del órgano de control evidencian que desde el año 2015, al igual que lo advirtió en su momento la Universidad Nacional, la sede donde funciona el Ministerio no es viable para su ocupación, a pesar de una inversión de más de $18.000 millones.
De acuerdo a la Contraloría, desde un principio el Ministerio incumplió las normas de avalúo comercial que ordena la Ley, lo que perjudicó la planeación del proyecto. El hallazgo tiene incidencia disciplinaria.
Cuando la Cartera presentó a Planeación Nacional el proyecto para adquirir una nueva sede, no entregó un análisis de alternativas, previa evaluación de las necesidades que debe hacer una entidad pública para adquirir una nueva sede, donde se debe especificar detalladamente por qué y cómo se requiere ese nuevo inmueble.
De esa forma, la Contraloría consideró que la adquisición del Hotel Dann Colonial no resuelve las necesidades de este Ministerio. El hallazgo fue enviado a la Fiscalía por su incidencia penal.
En el contrato de compraventa con el Hotel Dann Colonial y el contrato interadministrativo con ECO, la Contraloría evidenció el posible doble pago por actividades de reforzamiento estructural.
También, se advierte un posible incumplimiento del contratista, a pesar de haber sido avalado por el propio Ministerio, lo que representa un presunto detrimento patrimonial.
Por otra parte, la Contraloría reportó que existen diferencias en las cuentas reportadas por la entidad y lo registrado en el contrato número 549, que se realizó con Emtel, por $7.620 millones para la adecuación de infraestructura tecnológica.
La entidad encontró que este contrato fue adicionado en un 533% y que a la fecha de finalización no se realizó la entrega de lo acordado. Así, no solo existiría un detrimento patrimonial sino también una falta disciplinaria por incumplir los principios de la función pública.
De acuerdo a la Contraloría, la respuesta del Ministerio respecto a los desajustes de cifras fue que por “un error involuntario en la clasificación de las cuentas, las que en su momento se registraron directamente en la cuenta de gasto y no en la cuenta de construcciones en curso, lo que generó registros de información inexactos y, por consiguiente, subestimación en el saldo de las cuentas”.
Con información de W Radio