Con la premisa de que debe promoverse un consenso intercultural para garantizar los derechos de las comunidades indígenas, el viceministro de Política Criminal, Carlos Medina Ramírez, viajó hasta Santander de Quilichao, norte del Cauca.
El objetivo: coordinar con las autoridades indígenas el fortalecimiento de espacios especiales para la resocialización de los miembros de estas comunidades que han cometido delitos.
El alto funcionario visitó a la comunidad Nasa, una de las seleccionadas para el proyecto piloto del Ministerio de Justicia que busca fortalecer la justicia especial indígena.
Allí, la cartera apoyará el fortalecimiento de Espacios de Armonización, Reflexión y Sanación, que serán construidos por los propios pueblos indígenas de acuerdo a su cosmovisión y que tienen como propósito armonizar el sistema judicial del Estado y el indígena.
Estos centros cumplirán con tres propósitos: El respeto y aceptación de diversas formas de entender el mundo y de administrar la justicia; el fortalecimiento de los sistemas de justicia de las comunidades indígenas; y la generación de formas de resocialización y sanación de las personas, así como el restablecimiento de la armonía de los pueblos y la reconstrucción del tejido social en las comunidades.
En dichos espacios se realizarán proyectos agroambientales, de energías renovables y aulas educativas, entre otros, que serán acompañados y apoyados, económica e institucionalmente por el Estado Colombiano.
El Ministerio de Justicia de igual forma buscará que el proyecto pueda recibir cooperación internacional. No obstante, la meta es que estas medidas puedan convertirse en auto sostenibles con el tiempo.
El centro de Armonización, Reflexión y Sanación del Cauca beneficiará a los cabildos Avirama, Belalcázar, Chinas, Cohetando, Huila, Lame, Mosoco, Pick We Tha Fiw, Ricaurte, San José, Suín, Tálaga, Tóez, Togoima y Vitoncó.
En Cauca ya existen otros 15 espacios con características similares, uno de ellos es en Gualanday, donde se cultiva frijol, maíz y plátano; y la realización de biodigestores, para la obtención de energías renovables.
“Espacios que de ser fortalecidos no sólo se auto-proveerán sino que podrán ser receptores de personas de otras comunidades que necesitan realizar allí su proceso de resocialización”, señaló el Ministerio.
En la actualidad 1.081 indígenas se encuentran recluidos en cárceles del sistema penitenciario oficial (1.022 hombres y 59 mujeres), por decisiones emanadas tanto de la justicia ordinaria como de la justicia especial indígena.
“Esto ha generado un proceso de aculturación colectiva e individual y ha distanciado las dinámicas armónicas entre los dos sistemas de justicia”, concluyó esa Cartera.
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