En una operación conjunta de la Fuerza Aérea, la Policía y la Fiscalía General de la Nación en el sur del departamento del Cauca fue desarticulada una red que venía causando graves afectaciones al río Sambingo con la minería ilegal.
La operación contra este fenómeno ilegal fue realizada en la vereda Cajamarca, jurisdicción del municipio de Mercaderes, y permitió la captura de 14 personas y la incautación de 25 retroexcavadoras, una draga, 15 motobombas, cinco clasificadoras y un entable que estaba siendo utilizado para afectar el medio ambiente, equipos avaluados aproximadamente en 6 mil millones de pesos.
Además, fue recuperado un disco duro con una completa relación de personas responsables de la extracción ilegal de oro en esa región y los ingresos que generaba esta práctica criminal.
“Este es un duro golpe a las finanzas del crimen organizado; aquí participaban de los ingresos de esta operación de minería ilegal, tanto el ELN como los más importantes grupos de crimen organizado”, manifestó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.
Dentro del personal capturado, al parecer se encuentran funcionarios y exfuncionarios públicos del municipio de Iscuandé, Nariño, quienes están sindicados de los delitos de daño ambiental, explotación ilícita de yacimiento minero, tráfico de insumos y combustibles.
Asimismo este personal está vinculado en el cobro de extorsiones a los propietarios de los terrenos de la región y comerciantes, además eran los encargados de tramitar los permisos para comprar o alquilar maquinaria y finalmente se les sindica de estar asociados con guerrilleros del Eln.
En el marco de esta operación se destruyeron 17 campamentos de minería ilegal que, en el último año, afectaron el cauce del río Sambingo, secaron sus aguas y acabaron con una de las principales fuentes de la economía del Pacífico colombiano.
De acuerdo con información de inteligencia aérea realizada durante 90 días previos a la operación, se pudo establecer que extraían cerca de cuatro kilos de oro semanal, generándoles aproximadamente 3 mil millones de pesos de ganancias mensualmente.
Como parte del trabajo social, 1.500 personas que se instalaron ilegalmente y contaminaban el río fueron acompañadas a abandonar voluntariamente la zona. Otras 535 se retiraron luego de unos acuerdos pactados con las alcaldías municipales. Además, 495 cambuches se demolieron controladamente y ahora comienzan las acciones de recuperación ambiental.
Fotos: Ministerio de Defensa