POR: Sebastián Silva Iragorri
sebastiansilvairagorri@hotmail.com
Han pasado las elecciones y estamos registrando y discutiendo los resultados que en próximos artículos analizaremos. Creo que ahora, que hay un descanso del proselitismo asfixiante y mientras se afinan programas y se conforman nóminas de colaboradores, puede haber un tiempo de reflexión, especialmente para analizar la violencia que ha venido ocurriendo, no sólo con motivo del debate electoral, sino como un proceso continuado que nos obliga a buscar las raíces y causas profundas que la motivan. Muchos llegan a la conclusión de que el narcotráfico y la minería ilegal son padres directos de los hechos de violencia. En Nariño, Cauca, Chocó, Antioquia y en la región del Catatumbo hay minería ilegal y hay narcotráfico.
Si las Farc despejaron zonas que ocupaban en estas regiones, ¿por qué siguió el bandidaje y la criminalidad en ellas?. Se supone que la política inmediata de un Estado era llegar a esas regiones despejadas para evitar la ocupación por otros actores armados que buscarían continuar con estos negocios criminales. Pues eso no se hizo en el Gobierno anterior, que contó desde Octubre de 2016, cuando firmó el primer Acuerdo de Paz, hasta el 7 de Agosto de 2018, con más de 22 meses para realizarlo. Allá debió llegar el Estado con sus principales elementos, justicia, educación, salud, carreteras, créditos, auxilios, fuerza pública, notarías, en fin, una presencia real, efectiva y actuante para mantener limpios esos territorios y combatir con vigor la continuación de la criminalidad. La gran pregunta es, ¿por qué no lo hicieron?. Algunos dicen que para no mortificar al ELN que estaba iniciando la ocupación de esos territorios y con quienes se empezaba a negociar. Otros dicen que por un pacto secreto con las Farc para evitar confrontaciones con regiones de alta influencia de ese grupo armado. En su libro ‘Las dos caras de La Paz’ el ex Fiscal Néstor Humberto Martínez Neira hace una serie de revelaciones que realmente nos dejan sorprendidos pues prácticamente dice que todo obedeció a falta de voluntad política del Gobierno anterior que no hizo esfuerzo alguno por ocupar esas regiones. Grave denuncia proviniendo de quien fue Fiscal General de la Nación. Si eso fue así se configura responsabilidad por omisión, pues los nuevos actores criminales, que entraron a ocupar las antiguas regiones farianas, han desatado una violencia ascendente del negocio criminal que como dice Martínez Neira se ensaña contra los líderes sociales que se quedaron como los solos defensores de la legalidad en esos territorios.
Hay algo aún más grave y es la llegada de Carteles Mexicanos a esas zonas para continuar, explotar y acrecentar esos mismos negocios ilegales. La violencia contra los indígenas puede ser explicada por el deseo de estos Carteles de evitar que nadie se interponga en su camino.
El actual Gobierno Nacional encontró unas condiciones de hecho muy graves en las regiones y una violencia en pleno ascenso por las causas referidas, además encontró solo 2 proyectos de desarrollo con enfoque territorial y hoy tiene 24 y por primera vez en 7 años ha logrado detener y rebajar los cultivos de coca que también heredó en una cantidad récord de 220.000 hectáreas.
Estos días de descanso electoral deben servir para afinar los instrumentos necesarios para encontrar verdades que se quieren ocultar y tergiversar para obtener rendimientos políticos. Hay que tener el valor de decir las cosas como son pues con esto contribuiremos a luchar contra las causas de la violencia e instaurar soluciones concretas que nos acerquen a una paz real, definitiva y sostenible. Esta es la mejor contribución que se puede hacer por Colombia.