La Defensoría del Pueblo advirtió que luego de recientes visitas a la cárcel San Isidro de Popayán, se encontraron presuntas irregularidades y serios inconvenientes con manejo de los residuos hospitalarios.
El organismo defensor de derechos humanos expresó su preocupación al indicar que hace más de 3 meses dichos elementos no son retirados del establecimiento y que con su progresiva descomposición representan un riesgo elevado para la integridad no sólo de quienes están privados de la libertad, sino también para el personal de guardia y funcionarios que laboran en el centro de reclusión.
“Allí mismo (donde hay alrededor de 3.000 internos), la inspección humanitaria de la Defensoría permitió establecer que de los 16 pacientes diagnosticados con VIH, solo 4 recibieron medicamentos recientemente, mientras el resto de sus compañeros lleva meses sin acceder a lo ordenado en sus prescripciones. La situación en San Isidro es de tal naturaleza que hay tutelas para obtener un simple Omeprazol”, aseveró la Entidad.
En ese sentido, la Defensoría requirió al Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad, para que le informe al país si está en capacidad o no de asegurar en el corto plazo los servicios mínimos que demanda esta situación, y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) para que contrate cuanto antes la auditoría respecto a las obligaciones del consorcio fiduciario, y entre tanto ejerza directamente en el plano de sus competencias la verificación respectiva.
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