El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa Nacional por los daños ocasionados a una familia del municipio de Inzá, oriente del Cauca, cuya vivienda fue destruida durante un combate entre la Policía y guerrilleros de las Farc que incursionaron en la población, el 12 de diciembre de 2001.
Con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, la Sección Tercera señaló que si bien el enfrentamiento entre la Fuerza Pública y grupos al margen de la ley puede resultar legítimo, las víctimas no están obligadas a soportar los perjuicios sufridos, independientemente de quien los haya causado.
“Dada la necesidad de privilegiar los principios de solidaridad y equidad frente a las víctimas del conflicto armado interno que, durante décadas, ha soportado el país, surge para el Estado el deber de reparar los daños y perjuicios causados cuando los derechos e intereses de los particulares ajenos al conflicto resultan afectados, pues es a las autoridades públicas a las que se ha confiado la protección de la población”, aseveró el Alto Tribunal sobre este caso.
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