Tres personas que habrían participado en actividades delictivas durante el paro estudiantil del año 2018 y la Minga Social que se llevó a cabo recientemente fueron capturadas en el departamento del Cauca.

La Fiscalía investigaba el incendio en la sede del Icetex en Popayán, la destrucción de un cajero del Banco de Bogotá en las afueras de la Universidad del Cauca, sede Tulcán, el ataque con explosivos y piedras a la Estación Sur de Policía en el barrio Bolívar y otros daños en el Sector Histórico.

Las labores arrojaron la individualización de varias personas que participaron en los desmanes y que pertenecen a movimientos como JM 19, La Trocha Colectiva o Juco.

En las últimas horas se informó que Andrés de La Cruz Cerón, señalado como jefe de la organización delictiva JM 19 en Cauca, fue capturado por funcionarios de la Fiscalía y la Policía en Popayán. Este hombre es investigado por enfrentamientos con la Fuerza Pública durante protestas en la Universidad del Cauca

También, fue detenida Lina Isabel Medina Alegría, a quien señalan de pertenecer presuntamente a la organización JM 19, responsable de la destrucción del cajero y el ataque a la unidad policial.

Además, fue capturado Juan Carlos Cuervo Fernández, presunto miembro del grupo “Trocha Colectiva”, y acusado como uno de los responsables de la destrucción de la sede del Icetex y el ataque a la Estación Sur.

Las autoridades afirmaron que estas personas permanecen largos periodos de tiempo como universitarios y se encargan de capacitar a nuevos estudiantes en la fabricación de papas bomba y bombas molotov.

En las próximas horas se efectuarán más órdenes de allanamiento y registro en el marco de investigaciones por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, daño en bien ajeno y asonada.

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró que organizaciones terroristas como disidencias de las Farc y el Eln están infiltrando las universidades públicas del País.

El Funcionario sostuvo que las evidencias serán entregadas al Ministerio de Educación, para articular trabajos con los rectores que permitan la ejecución de acciones preventivas y de esa forma evitar el ingreso acelerado de grupos clandestinos en las instituciones.