La Procuraduría General de la Nación anunció una acción preventiva con el fin de verificar las afirmaciones de las comunidades indígenas en la comisión mixta del Gobierno y el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, sobre presuntas omisiones por parte de la Unidad Nacional de Protección, UNP, y otras entidades, en las medidas por el riesgo inminente en el que se encontraba la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña.
En su intervención en la comisión, que se llevó a cabo en la sede administrativa de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, UAIN, el Ministerio Público condenó el homicidio de la gobernadora, y exigió a las autoridades acciones contundentes que permitan el esclarecimiento del crimen de la líder.
Asimismo, solicitó a la comisión del Gobierno poner especial atención y adoptar medidas ante las denuncias de las autoridades indígenas en este espacio de diálogo sobre compras de predios en algunas veredas de Caldono, aledañas a los territorios indígenas, con el fin de sembrar cultivos para uso ilícito; y enfatizó en la necesidad de que se investigue todos los aspectos que tienen que ver con tráfico de estupefacientes en la región.