El representante a la Cámara, Christian Garcés, dijo que denunciará en la Fiscalía la presunta financiación y organización ilegal de asonadas, tras los hechos ocurridos en Santander de Quilichao, Cauca.
Explicó que solicitará que se generen mecanismos para que las autoridades, gobernadores indígenas, campesinos y la comunidad denuncien las presiones que grupos armados residuales y bandas de narcotraficantes ejercen en la población civil.
“Narcotraficantes y cocaleros instalados en cercanías a las comunidades indígenas, convocaron y transportaron personas de otros municipios del Cauca para organizar una asonada contra los efectivos de Ejército y Policía que adelantaban tareas de erradicación”.
Subrayó que, de acuerdo a información entregada por la comunidad y el Batallón de Infantería Número 8 Batalla de Pichincha, los narcotraficantes habrían establecido una alianza criminal con la estructura Dagoberto Ramos, disidencia de las Farc, para que esta columna hostigue a los uniformados que adelantan las labores de erradicación en cinco veredas.
“Entregaré personalmente la denuncia al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Esperamos que las autoridades logren esclarecer lo que está pasando en esta zona”.
Dijo que, «según el reporte que recibimos, los protagonistas de la asonada fueron cerca de 400 personas que habrían sido transportadas desde otros municipios en tres “chivas”, y presuntamente recibieron 100 mil pesos y almuerzo por interferir el operativo de los militares”.