La Fiscalía tomó decisiones contra dos abogados y un gobernador indígena del Cauca que, con sus actuaciones, «habrían favorecido a dos señalados narcotraficantes para evitar su extradición a Estados Unidos».
Por una parte, un fiscal seccional de Cauca informó al Consejo Regional Indígena, Cric, el inicio de investigación contra Andrés Antonio Almendras, gobernador del resguardo La Laguna, Siberia, en Caldono.
Según el ente acusador, el líder habría reconocido como comunero a Darly Rodrigo Sánchez Cruz, señalado narcotraficante requerido en extradición, y emitió un fallo condenatorio en su contra por concierto para delinquir, narcotráfico, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, delitos que comúnmente no son investigados por la Jurisdicción Especial Indígena.
Posteriormente, Sánchez Cruz intentó impedir los trámites de extradición a Estados Unidos con el argumento de haber sido procesado en su condición de indígena, cuando en realidad no lo era.
Entre tanto, la Fiscalía compulsó copias al Consejo Superior de la Judicatura de Cauca para que investigue disciplinariamente a los abogados Gustavo Enrique Gallardo Morales y José Alejandro León Aristizábal, representantes de la fundación ‘Lazos de Dignidad’.
De acuerdo a las autoridades, estas dos personas supuestamente lograron que Segundo Alberto Villota Segura, presunto enlace en Colombia de los carteles mexicanos ‘Los Zetas’ y ‘Sinaloa’, fuera reconocido como integrante del entonces Frente Oriental de las desmovilizadas Farc.
Así, consiguieron que contra su defendido se abriera una investigación por rebelión y que paralelamente la Jurisdicción Indígena adelantara un juicio.
Además, Villota Segura fue presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, con el propósito de que esta instancia asumiera cualquier proceso.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz excluyó a Segundo Alberto Villota Segura del listado de presuntos integrantes de las desmovilizadas Farc.
Contra esta decisión los abogados Gallardo Morales y León Aristizábal presentaron una demanda de nulidad.
El ente acusador señaló que, las diferentes maniobras judiciales, al parecer, estaban encaminadas a evadir la solicitud de extradición de la Corte Federal del Distrito de Texas por los delitos de tráfico de drogas y lavado de activos.