El pasado 01 de abril, en la mina ilegal Agualimpia de la vereda San Antonio, municipio de Santander de Quilichao, se presentó un lamentable suceso donde cuatro mineros fallecieron tras el desplome de uno de los túneles abiertos que son utilizados para la extracción ilícita de oro.
Frente a dicha situación, el gobernador Óscar Rodrigo Campo Hurtado realizó el acompañamiento respectivo junto a los organismos de socorro y entidades competentes quienes actuaron de manera inmediata ante el siniestro.
El mandatario lamentó profundamente lo sucedido y enfatizó que la minería ilegal es un acto nocivo para el medio ambiente y para la vida, a su vez que realizó un llamado al Gobierno Nacional para que se lleven a cabo las acciones frente al tema.
Precisamente atendiendo la solicitud del gobernador la Viceministra de Minas, María Isabel Ulloa, se desplazó el día 03 de abril al lugar de los hechos y participó del consejo de seguridad ampliado, donde de manera conjunta diferentes instituciones establecieron planes de acción de corto y mediano plazo con el objetivo de enfrentar la problemática tanto ambiental como social en el territorio.
“Lamentamos lo que sucedió el viernes pasado, esto no es minería esto es una extracción ilícita de minerales, por lo que queremos estructurar acciones que propendan por una minería bien hecha, que cuide el medio ambiente y sobre todo que proteja la vida”, señaló la Viceministra.
Por su parte, el Gobernador del Cauca indicó que el compromiso de la administración departamental está encaminado a coordinar acciones que garanticen una solución eficiente a la problemática social que existe en varios municipios.
“Estamos trabajando desde nuestro plan de desarrollo en herramientas de productividad y alternativas comerciales necesarias para el desarrollo económico de la región; en el OCAD Pacífico, se ha puesto como prioridad sobre la mesa la necesidad de seguir fortaleciendo los mecanismo de productividad que generen una solución eficaz, apartando a la comunidad de las practicas complejas y peligrosas de la minería ilegal”.
De esta forma, desde el gobierno nacional, en articulación con las entidades como la Agencia Nacional Minera, el Departamento para la Prosperidad Social DPS, la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, autoridades locales y departamentales, pactaron compromisos para estructurar un proceso de intervención social tendiente a fortalecer las dinámicas económicas y sociales de la zona, generando para ello planes alternativos que garanticen la no repetición de sucesos lamentables como el ocurrido, esto teniendo como referencia que sería el segundo episodio registrado en el lugar, ya que el 30 de abril del año 2014, la tragedia cobró la vida de 13 mineros al quedar sepultados por un alud de tierra.
Foto: Gobernación del Cauca