El Consejo de Estado condenó a la Nación por la muerte del entonces director del DAS en el Cauca, mayor Jorge Castillo Rojas, en el marco de un atentado ocurrido el 18 de mayo de 2001, a las afueras de su vivienda en Popayán.
De esa manera, se ordenó una indemnización de 1.049 millones de pesos a los familiares del Mayor y a los familiares de otras víctimas como el joven Juan Pablo Peña, quien resultó herido mientras transitaba en el lugar que fue impactado por la activación de una carga explosiva.
La Sección Tercera del alto tribunal advirtió que el entonces funcionario necesitaba un esquema de protección especial.
“(…) Es claro que existieron fallas en la seguridad del funcionario, en primer lugar, derivadas de la ubicación del lugar asignado para su residencia, que no cumplía con las especificaciones de seguridad necesarias y estaba expuesto por su ubicación. No de otra manera se explica que contando con guardia permanente las 24 horas del día, no se hubiera advertido la labor de inteligencia, planeación y posterior ejecución del acto criminal a cargo de sus perpetradores, pues está probado que prepararon el terreno para el atentado justo frente a la residencia presuntamente vigilada”, indica el fallo.
Es de recordar que el día del atentado fue activada una carga explosiva justo cuando el Funcionario se bajó del carro a las 7:45 de la noche, hechos que le provocaron múltiples heridas que derivaron en su muerte.
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