Mediante procedimiento verbal la Procuraduría General de la Nación formuló cargos a Elizabeth Amú Mosquera, en su condición de docente de la Institución Educativa Sagrado Corazón del municipio de Puerto Tejada, Cauca, para la época de los hechos.
Según el Ministerio Público, la investigada podría ver comprometida su responsabilidad disciplinaria por haber presentado el 12 de marzo de 2014 ante la Oficina de Nómina una solicitud de nivelación salarial, allegando para el efecto, copia de la resolución mediante la cual fue ascendida al grado 13 del Escalafón Nacional Docente.
Tras revisar los archivos de la Secretaría de Educación Departamental no se encontraron documentos que respaldaran el contenido del acto administrativo de dicho ascenso al grado 13 en la fecha que allí aparece, con lo cual se podría suponer que la implicada no había sido ascendida, es decir que en este documento público, posiblemente, se registraron situaciones contrarias a la realidad.
Amú Mosquera también habría aportado, entre otros documentos para soportar los requisitos para ascenso, siete créditos del curso Mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional (PEI) a través de Proyectos de Aula, obtenidos en la Universidad de la Sabana.
Sin embargo, tras ser consultado por este órgano de control, el citado ente educativo respondió en oficio remitido vía fax, el 25 de junio de 2015, que como fue de público conocimiento debido a la inundación sufrida, esta institución perdió archivos físicos y digitales y, por tanto, no le es posible certificar que la profesora haya realizado el mencionado curso.
El ente de control advirtió que dichas conductas se encuentran tipificadas en el artículo 291 Código Penal como delito por usar documentos falsos, que prescribe: “El que sin haber concurrido a la falsificación hiciere uso de documento público falso que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de cuatro a 12 años”.
La Procuraduría Regional del Cauca consideró, provisionalmente, la falta de la funcionaria como gravísima cometida a título de dolo, por la presunta transgresión de normas que rigen la función pública, especialmente aquellas que tienen que ver con la obligación de los funcionarios de aportar datos con contenidos auténticos al momento de certificar su formación académica para ser promocionados laboralmente.
La audiencia de formulación de cargos se llevó a cabo en las instalaciones de la Procuraduría Regional del Cauca.
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