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La Procuraduría General de la Nación reportó que se adelantan investigaciones en contra de tres docentes del departamento del Cauca por presuntamente falsificar documentos para lograr ascensos.

El primer caso corresponde al del señor Alfonso Ocoró Grueso, docente del Colegio Técnico Comercial Santa Clara de Asís del municipio de Timbiquí, quien fue convocado a audiencia pública este 26 de octubre a las 2 de la tarde en la Regional Cauca, para conocer su versión acerca de hechos relacionados con la presunta acreditación de documentos falsos en beneficio propio.

El señor Ocoró Grueso podría ver comprometida su responsabilidad disciplinaria de demostrarse que el diploma que certifica su formación como licenciado en administración educativa y que presentó para lograr ascensos, es un documento falso.

Tras verificar ante la Universidad de La Sabana, institución educativa que, supuestamente, confirió el mencionado título, la directora de registro académico respondió que el mismo no fue otorgado por esta universidad.

Así las cosas desde 1981 hasta la fecha, el profesor habría incrementado su asignación salarial, luego de presentar documentos que se presumen como falsos para demostrar el cumplimiento de requisitos legales, situación que se prolongó en el tiempo para lograr ascensos desde el grado 6o hasta ubicarse finalmente en el grado 11o del escalafón nacional docente.

Para la Procuraduría Regional el investigado pudo transgredir la Ley 115 de 1994, en cuyo artículo 119 contempla “Idoneidad profesional. Para los educadores, el título, el ejercicio eficiente de la profesión y el cumplimiento de la ley, serán prueba de la idoneidad profesional. El cumplimiento de los deberes y obligaciones, la no violación de las prohibiciones y el no incurrir en las causales de mala conducta establecidas en el Estatuto Docente, darán lugar a la presunción de idoneidad ética”. 

Por considerar que pudo haber obtenido un indebido provecho económico y un perjuicio para el erario público, el ente de control calificó la conducta del disciplinable en esta etapa procesal como gravísima a título de dolo.

En el curso de la audiencia el ente de control escuchará los argumentos del implicado a fin de determinar, conforme al material probatorio, si hay lugar a imposición de sanción disciplinaria.

Segundo caso

Asimismo, mediante procedimiento verbal la Procuraduría investiga a la señora Marien Palomino Torres, actual educadora del Colegio Integrado San Bernardo en Timbiquí, por supuestamente haber incurrido en una de las prohibiciones establecidas en la ley disciplinaria para los servidores públicos que pretenden ascender en la carrera especial de docente.

Según los hechos investigados la señora Palomino Torres ingresó a laborar como maestra del Cauca en el año 1981 en el grado 13 del escalafón nacional docente y ascendió al grado 14, mediante resolución expedida el 19 de noviembre de 2014 por la Secretaría de Educación del Cauca, con base en los documentos por ella aportados, entre estos, copias del diploma y del acta de grado como especialista en Didáctica del Arte, expedidos por la Fundación Universitaria Los Libertadores.

Dentro del material probatorio reposa copia del oficio de fecha 21 de noviembre de 2014, suscrito por la directora de Registro y Control de la supuesta institución educativa que certificó la aptitud profesional, en el grado de especialización a la investigada, en el cual se informó que el diploma presentado por la profesora no fue emitido por la Universidad, pues la señora Marien no se encuentra registrada en las bases de datos como egresada.

Consideró el ente de control que la disciplinable podría haber transgredido el Decreto Extraordinario 2277 de 1979 que establece en su artículo décimo los requisitos para ingreso y ascenso de los educadores titulados a los distintos grados del escalafón Nacional Docente, particularmente para el grado 14, título de posgrado educación reconocido por el Ministerio de Educación Nacional o autoría de una obra de carácter científico, pedagógico o técnico, entre otros.

La Procuraduría consideró, provisionalmente, la falta de la funcionaria como gravísima cometida a título de dolo, por la presunta transgresión de normas que rigen la función pública, especialmente aquellas que tienen que ver con la obligación de los funcionarios de aportar datos con contenidos auténticos al momento de soportar requisitos de formación académica para ser promocionados laboralmente.

Tercer caso

Por otra parte, la Procuraduría convocó a audiencia al señor Simón Eustacio Hurtado Cuero, quien actualmente se desempeña como docente de aula grado 14 de la planta global del departamento del Cauca con cargo al Sistema General de Participaciones.

De acuerdo con el auto de citación el señor Hurtado Cuero logró ascender el 14 de agosto de 2013, al parecer, valiéndose del título de especialista en Didáctica del Arte que acreditó al posesionarse en el grado que ostenta, pues tras consultar en las bases de datos de la Universidad Los Libertadores, esta institución certificó que el investigado no se encuentra registrado como egresado.

Consideró la Procuraduría Regional del Cauca que el funcionario podría estar incurso en la prohibición señalada en el artículo 35 de la Ley 734.

A juicio del Ministerio Público el comportamiento del implicado demuestra que el fin perseguido es, posiblemente, obtener un indebido provecho  económico como lo es el pago de la asignación laboral mensual con el mencionado grado, a partir de los efectos fiscales  que el acto de nombramiento ha producido hasta la fecha y, por el cual, se generó un perjuicio para el erario público.

En esta etapa de la actuación disciplinaria la Procuraduría calificó la falta del sujeto disciplinable como gravísima cometida a título de dolo.

Las investigaciones iniciaron luego de conocer denuncias remitidas por el coordinador de la Unidad de Control Interno Disciplinario de la Gobernación del Cauca, en la cual se dieron a conocer varias situaciones irregulares ocurridas en la Oficina de Escalafón y Carrera Docente del departamento del Cauca, relacionadas con la presunta acreditación de documentos falsos por parte de educadores adscritos a la Secretaría de Educación.

Foto: Internet