En unos 45 días la Corte Constitucional tomará una de las decisiones más trascendentales en su historia frente al tema de la libertad de cultos, relacionada con la continuidad del uso de los recursos públicos para financiar las celebraciones de la Semana Santa en Popayán.
La demanda presentada en contra de la ley 891 de 2004 argumenta que la financiación de esta celebración va en contra del principio de neutralidad religiosa al promover las actividades de una confesión religiosa especifica. Por esto se pide anular todo lo relacionado con este tipo de financiación.
En la audiencia pública, el representante del Ministerio de Cultura pidió que se mantenga la Ley, pues hace parte del patrimonio cultura de la Nación y de la humanidad, teniendo en cuenta que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2009.
“(…) Colombia tiene deberes para poder promover y financiar recursos del presupuesto nacional esta celebración”, aseguró.
Agregó que en este tema se hace referencia expresa a la necesidad de mantener las celebraciones y manifestaciones religiosas en el país.
El exmagistrado Eduardo Cifuentes dijo que en el debate no se hace referencia a los asuntos religiosos ni a la discriminación a otros cultos “sino de reconocer que existe una práctica tradicional que congrega a los habitantes de Popayán desde hace cinco siglos”.
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