El Gobierno Nacional acompañó la ceremonia protocolaria de inicio de la base de operaciones de la organización civil de desminado Humanitario Humanicemos DH, conformada por 124 excombatientes de las FARC reincorporados, que adelantarán operaciones en el municipio de La Montañita, Caquetá.

Este resultado se presenta después de un proceso de acompañamiento por parte de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal – Descontamina Colombia (de la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto), luego de la firma del Acuerdo de Paz y de un trabajo de capacitación de 20 meses en Acción Integral contra Minas Antipersonal en las veredas Orejón, en el municipio de Briceño en Antioquia y Santa Helena, en el municipio de Mesetas en el departamento del Meta, y de un entrenamiento en las diferentes instalaciones de las Organizaciones Civiles de Desminado Humanitario.

Como parte del proceso de desmovilización y reincorporación de los excombatientes de las FARC, en agosto del año pasado Humanicemos DH fue reconocida como organización civil de Desminado Humanitario.

Para este proceso se contó con el respaldo técnico y financiero de la Unión Europea, que destinó recursos por 4.3 millones de euros, para las vigencias 2018 a 2020, y el Fondo Multidonante de Naciones Unidas, que aporta 4.2 millones de dólares para las vigencias 2018 a 2019, con el fin de apoyar el plan de reincorporación económica y social de los excombatientes.

El Director de Descontamina Colombia, Sergio Bueno Aguirre, recordó que el pasado 15 de marzo, la Instancia Interinstitucional asignó tareas a la organización civil Humanicemos DH en el municipio de La Montañita, donde tendrá a su cargo el despeje de tres zonas, mientras que otra zona está a cargo de la Brigada de Desminado Humanitario.

La Montañita registra un total de 691 eventos, entre 1990 hasta la fecha. De ese total, 141 registros corresponden a accidentes que han dejado como saldo 249 víctimas, de las cuales 36 murieron y 213 resultaron heridas. De esas víctimas, 184 son de la Fuerza Pública y 65 corresponden a población civil, de los cuales 13 son menores de edad.