Juez envía a la cárcel a líder indígena y escolta por falso atentado en Caloto, Cauca

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Un juez de Caloto, Cauca, envió a la cárcel a Nilsa Ul Zape, líder indígena y defensora de derechos humanos,  que junto a su escolta Nelson Ramírez Paz, asignado por la Unidad Nacional de Protección, se inventó un atentado en su contra.

La comunera del Resguardo de Huellas, fue imputada junto a su guardaespaldas por los delitos de falsa denuncia, fraude procesal, tráfico, porte o fabricación de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares, daño en bienes del Estado, y otros.

Los hechos investigados ocurrieron el 24 de enero del año pasado en el sector del Crucero, en la vía que conduce a la vereda Morales, Caloto, cuando se habría registrado el ataque, en el que el escolta resultó herido en el brazo izquierdo y la camioneta de la UNP impactada con arma de fuego en 15 oportunidades.

El director seccional de Fiscalías en Cauca, Leonardo Vergara, explicó que en las actividades adelantadas con apoyo de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, de la Policía, el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, encontró varias inconsistencias.

Los testimonios de las supuestas víctimas no coincidieron con los análisis realizados por peritos en balística forense, quienes verificaron que el vehículo, al momento de recibir los impactos, estaba estacionado y desocupado.

Asimismo, establecieron que una de las puertas impactadas estaba abierta y la herida del escolta fue producida a menos de 40 centímetros, con un arma de fuego de corto alcance.

Los expertos consideraron que, de ir al interior del vehículo, la defensora de derechos humanos había resultado gravemente herida o asesinada, pues al automotor le dispararon en repetidas ocasiones con fusil.

Vergara dijo que desde que se inició la investigación y hasta que se solicitó la medida de aseguramiento al juez, se pidió mantener e incluso incrementar las medidas por parte de la Unidad Nacional de Protección.

En las últimas horas fueron presentados ante un juez que avaló los procedimientos de las autoridades, y aceptó enviarlos a la cárcel por su presunta participación en los delitos mencionados.

Los procesados podrían afrontar penas mínimas de 22 años de cárcel, que deberán cumplir en los centros penitenciarios San Isidro y La Magdalena en Popayán, Cauca.

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