Un juez de Popayán falló a favor de la Nación en una serie de demandas que por 20 billones de pesos instauraron más de 75.000 inversionistas de diferentes pirámides en Colombia.
Las víctimas invirtieron en captadoras ilegales como Inversiones El Trébol, Alina, DMG, DRFE, InverBonilla, Euroacciones y Mar del Plata. Aunque la mayoría de los perjudicados son del Valle del Cauca, se unieron estafados de otras regiones del País.
Los demandantes acudieron a las instancias judiciales cuando perdieron las esperanzas de recuperar al menos parte de su dinero. Además, argumentaron que las entidades accionadas no ejercieron control y vigilancia, ni hicieron lo correspondiente para que les devuelvan su inversión.
Entre los demandados se encuentran la Superintendencia Financiera, las gobernaciones de Cauca y Valle del Cauca, varias alcaldías, la Fiscalía y el Ministerio de Hacienda.
La Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que estuvo al frente del proceso judicial, reveló recientemente que los inversionistas de pirámides son los que más demandan al Estado pero los que más pierden los procesos.