Comunidades del municipio de La Vega, en el sur del departamento del Cauca, impiden el desplazamiento de funcionarios que participaron en una reunión en la que no se lograron acuerdos en las últimas horas, según denunció la Compañía Energética de Occidente.
De acuerdo a la empresa, en el marco del acercamiento con la comunidad y atendiendo el llamado para discutir los temas del servicio, los ciudadanos que mantienen bloqueada la vía principal al Macizo Colombiano no permitieron la movilidad a nueve de sus colaboradores.
La Compañía informó que en el encuentro no se pudieron concretar pactos para realizar las labores operativas necesarias que permitan normalizar las conexiones fraudulentas e irregulares a la red eléctrica que hay en el municipio.
“En el momento, nueve colaboradores se encuentran en la cabecera municipal en espera de que la comunidad les permita desplazarse hacia Popayán. Este hecho constituye una vulneración de los derechos fundamentales de las personas que asistieron a la reunión”.
La coordinadora de Comunicaciones Externas de la Empresa, Vanesa Navarro, dijo en W Radio que la comunidad aduce su accionar en requerir la continuidad del servicio, pero reiteró que esto solo podrá materializarse con labores de intervención, mejoramiento de infraestructura y regularización de conexiones fraudulentas.
“La vía estaba cerrada anoche y les impidieron a nuestros colaboradores regresar a Popayán. Ellos hacen parte de la Sección del Mercado, del área operativa, los ingenieros que trabajan en la zona”.
En la reunión, los voceros de la Compañía insistieron en que la existencia de accesos ilegales no permitirá una calidad y permanencia en el servicio, pues los sistemas de protección se activan generando los cortes.
Por su parte, las comunidades concentradas en los sectores de La Betulia y El Recreo reiteraron que por la falta de acuerdos se intensificarán las acciones de movilización, “ante la total intransigencia de la empresa que no presenta ninguna alternativa de solución”.
Reiteraron que su movilización obedece a las “graves afectaciones causadas por la mala prestación del servicio de la Compañía” e insistieron en que haga presencia la Superintendencia de Servicios Públicos.
La vía continúa cerrada y las autoridades locales siguen mediando para buscar un acuerdo y garantizar los derechos de todos los ciudadanos.